​​PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTIC​A DE DESARROLLO SOCIAL 2018

• ​​​Los datos sobre pobreza muestran un panorama mixto. Entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas; al mismo tiempo 2.9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema. Lo anterior es resultado, por un lado, de la reducción de la mayoría de las carencias sociales, aunque las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación todavía son altas y, por otro lado, el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria errática.
• La carencia por acceso a los servicios de salud tuvo la mayor reducción entre 2008 y 2016 (alrededor de 24 millones de personas), seguida de la carencia de calidad y espacios de la vivienda (5 millones de personas menos). La carencia d​e acceso a la seguridad social disminuyó en 4.1 millones de personas, pero todavía 68.4 millones presentan la carencia. La carencia de acceso a la alimentación prácticamente no tuvo cambios en este periodo, producto de un incremento entre 2008 y 2010 y, posteriormente, de una reducción de casi la misma magnitud entre 2010 y 2016. En 2016 había 24.6 millones de personas con esta carencia.
• Entre 1992 y 2016 el ingreso promedio ha tenido fluctuaciones que no han permitido mejoras permanentes en el bienestar de los hogares. Las crisis económicas en este periodo, entre otros factores, se han traducido en un crecimiento económico promedio anual de 2.4 por ciento, lo que representa sólo 1.3 por ciento en términos per cápita. 
• A nivel de los hogares, si bien el poder adquisitivo del ingreso laboral se incrementó 8.6 por ciento entre 2014 y 2016, éste se redujo 10.6 por ciento entre 2005 y 2017. A esto se suma que el alza inflacionaria reciente, que en 2017 alcanzó 6.77 por ciento, ha provocado una disminución en el poder de compra de los hogares de 2.5 por ciento en ese año. Aunado a lo anterior, la desigualdad en la distribución del ingreso se ha mantenido elevada y no se observan factores económicos, como una mejora en la productividad, que permitan suponer un cambio en esta tendencia. 
• La informalidad afecta la productividad de la economía en su conjunto. En México, la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo. Durante el periodo 2009 a 2017 se observó una disminución en la proporción de empleos informales, que pasó de 60 por ciento a 57.0 por ciento. Sin embargo, este tipo de empleo continúa siendo el que prevalece en el país. 
• Algunos grupos de la población, como los jóvenes entre 15 y 29 años, tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento, se encontraban en empleos informales.
• Esta administración federal reconoció la importancia de promover la productividad generando la estrategia transversal “Democratizar la Productividad” dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sin embargo, existen áreas de oportunidad en los programas alineados a esta estrategia: atomización y desvinculación entre los programas; insuficiente presupuesto para dar seguimiento a los proyectos financiados; falta de estudios de mercado previos que informen sobre la factibilidad de los bienes y los servicios que se producirán, así como de los espacios de comercialización de éstos.
• El Informe de Evaluación 2018 señala que la pobreza si bien debe ser un tema prioritario no debe ser la única problemática que guíe la política pública. Para mejorar en el desarrollo social es necesario avanzar en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen entre diferentes grupos sociales en el país, así como diseñar instrumentos de política pública que igualen las oportunidades de toda la población. 
• El Informe de Evaluación 2018 hace un diagnóstico del ejercicio de derechos establecidos en la Ley General de Desarrollo Social (alimentación, educación, medio ambiente sano, salud, trabajo, seguridad social y vivienda), para lo cual examina para cada derecho tres dimensiones analíticas: acceso, disponibilidad y calidad. 
• El análisis del derecho a la alimentación encontró que el alza en los precios de los alimentos puede ocasionar episodios en los cuales se vean afectadas la frecuencia y la cantidad de consumo de alimentos requeridos para una dieta nutritiva. Además, los alimentos con alta densidad de nutrientes son más caros que los alimentos con alta densidad energética.
• En México, quienes reciben los ingresos más bajos o viven en zonas rurales son los que ven más vulnerado el ejercicio de su derecho a la alimentación debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprar alimentos adecuados.
• El Informe de Evaluación 2018 señala que el presupuesto dirigido a la educación ha hecho posible que en el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización llegara a 98.4 por ciento en primaria y 86.2 por ciento en secundaria. Sin embargo, la permanencia de los estudiantes de educación media y superior se ve afectada negativamente por la falta de recursos económicos en los hogares. 
• En 2016, poco más de 1 millón de personas entre 3 y 17 años que vivían en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM) no asistían a la escuela.
• Para el derecho a un medio ambiente sano, el Informe de Evaluación 2018 señala la necesidad de vigilar elementos indispensables para su cumplimiento, tales como: la disponibilidad de agua y su saneamiento; la calidad del aire y sus afectaciones, principalmente en Zonas Metropolitanas; el cambio climático; el manejo de residuos tanto sólidos como peligrosos; la cobertura forestal (áreas en km2 cubiertas por bosque); el uso de suelos, y la conservación de la biodiversidad. 
• En los últimos años, el sector salud ha registrado avances en la cobertura y la oferta de servicios: en 2014, 96 por ciento de los partos a nivel nacional se atendieron por personal calificado. Sin embargo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca mostraban niveles bajos de atención obstétrica profesional a la hora del parto con 75.8, 85.4 y 88.9 por ciento, respectivamente. 
• En 2015 el porcentaje de niños menores de un año con esquema de vacunación completo fue de 96.7 por ciento. No obstante, la organización del sector salud es compleja y fragmentada y ofrece una protección incompleta y desigual a la población, lo cual, además, limita la continuidad en la atención. 
• Las instituciones de seguridad social y los servicios públicos para población no asegurada (por ejemplo, afiliadas al Seguro Popular) ofrecen servicios con características distintas entre ellas; también se observa gran heterogeneidad en los criterios de atención, tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio. La fragmentación conlleva, además, gastos de administración elevados. 
• En el derecho al trabajo, el Informe de Evaluación 2018 señala que aun cuando el porcentaje de la población desocupada descendió en el periodo 2010 a 2017, pasando de 5.3 a 3.3 por ciento, persisten situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones. 
• La situación de México revela una brecha en el acceso de los trabajadores a la seguridad social al ubicarse en niveles de informalidad laboral semejantes a los de países como Guatemala (64.9 por ciento) o Bolivia (61.4) y muy distante de la situación en países con economías semejantes, como Chile (15.5) o Brasil (22.8).
• En 2016, 68.4 millones de personas tenían carencia por acceso a la seguridad social. Debido a esta situación, los gobiernos, federal y estatales, han creado programas no contributivos. Sin embargo, la proliferación de instrumentos dispersos e inconexos no soluciona el problema de fondo. Contar, por tanto, con un sistema de protección social universal con acceso más igualitario entre grupos de población puede ser un factor que reduzca la pobreza, pero particularmente que iguale oportunidades.
• Respecto al derecho a la vivienda las brechas se presentan en aquellos hogares en los que habitan al menos una persona indígena, identificada con la definición de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como las que se ubican en el ámbito rural. En materia de infraestructura, la marginación y las zonas hiperdegradadas tienden a ubicarse en las periferias de las ciudades. 
• El derecho a la vivienda también considera el entorno. Las viviendas, así como los barrios y comunidades tendrían que ser parte integral y armónica de los asentamientos humanos. En 2014, tres de cada diez personas estaban insatisfechas con sus vecindarios y dos de cada diez reportaron inseguridad en el entorno. 
•  A partir del diagnóstico de derechos sociales y sus dimensiones, el Informe de Evaluación 2018 advierte que consistentemente hay grupos de población cuyo ejercicio de derechos se encuentra comprometido. México está todavía lejos de tener oportunidades y participación en igualdad de circunstancias para todos los grupos sociales. La población indígena, por ejemplo, enfrenta brechas en todos los casos en que se compara con población no indígena, la situación se agrava cuando además de ser indígena son mujeres. En 2016, 85.1 por ciento de las mujeres indígenas residentes en zonas rurales eran pobres.
• El Informe de Evaluación 2018 sugiere que continúen y se perfeccionen las estrategias de coordinación de reducción de pobreza que llevan a cabo los gobiernos, federal y locales. Se recomienda poner especial atención en reducir el hacinamiento, brindar educación básica completa a los adultos que no la tengan, aumentar la cobertura de agua y drenaje y, especialmente, encontrar estrategias amplias que reduzcan la carencia de acceso a la seguridad social. 
• A pesar de la importancia de reducir la pobreza, el desarrollo social debe ser más amplio que este objetivo. El Informe de Evaluación 2018 llama la atención sobre la necesidad de superar la planeación sectorial y trabajar cada vez más en una planeación enfocada en la atención del cumplimiento progresivo de los derechos sociales, para contar en un futuro cercano con un país con grupos sociales diversos pero con oportunidades similares de tener éxito en lo económico y social. Además de los instrumentos presupuestarios tradicionales, estrategias de nivelación, inclusión y de acción afirmativa, en casos concretos y en tiempos específicos, pueden acelerar la existencia de un punto de partida igual para toda la población. Enfocar la planeación en el acceso efectivo de los derechos y la reducción de pobreza multidimensional puede ser la ruta que México se trace para encarar tanto la Agenda 2030 como sus propios compromisos constitucionales.
• Contar con una ruta que priorice el acceso efectivo a los derechos sociales y la reducción de pobreza con indicadores adecuadamente definidos, puede reforzar las estrategias de coordinación entre dependencias y entre órdenes de gobierno. De esta forma se podrá tener un gasto más efectivo y eficiente que examine críticamente los 6,491 programas sociales-federales, estatales y municipales. 
• Hay una multiplicidad de programas sociales que buscan mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza, los cuales no siempre lo logran. El Informe de Evaluación 2018 recomienda instrumentos de apoyo al ingreso en dos vertientes: a) estrategias que incrementen la productividad de la población en situación de pobreza, eliminando programas duplicados, poniendo énfasis en la comercialización y en el seguimiento constante a todo lo largo de los proyectos y b) instrumentos que sirvan como red de protección social ante las fluctuaciones del ingreso de mercado para evitar cambios súbitos en el consumo de la población más pobre, como parte de un esquema amplio de seguridad social universal (para lo cual habría que explorar la posibilidad de: ampliar programas de empleo temporal; variantes de la renta básica ciudadana; incrementos moderados del salario mínimo; seguro de desempleo).