Sistema de Indicadores sobre pobreza y género, 2016-2022

En esta edición, el Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género (SIPyG) presenta información correspondiente al periodo 2016-2022¹ con 33 indicadores. La exposición de resultados en esta actualización se centra en visibilizar que la división sexual del trabajo es un factor presente en las mujeres que constituye un riesgo para situarse en contextos de pobreza o bien para permanecer en estos a diferencia de los hombres.

La estructura temática del SIPyG 2016-2022 es la siguiente:

El resumen de los resultados:

El CONEVAL, en el marco de su atribución de medir oficialmente la pobreza en México, ha desarrollado el Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género (SIPyG), cuya actualización a 2022 presenta los siguientes resultados: 

La división sexual del trabajo es un factor estructural que implica para las mujeres una mayor vulnerabilidad de encontrarse en situación de pobreza, en tanto que restringe oportunidades para su participación en el mercado laboral y en otros espacios públicos. De 2016 a 2022:

• Las jornadas de empleo fueron menores en mujeres que en hombres, mientras que las del trabajo no remunerado en el hogar fueron mayores. Las mujeres accedieron a empleos (remunerados o no) de 36 horas a la semana, mientras que los hombres a empleos de 45 horas.
• Por el contrario, la jornada semanal del trabajo del hogar no remunerado fue más extensa en las mujeres, con un promedio de 32 horas, mientras que en los hombres se redujo a menos de la mitad, 14 horas. 

Además de la división sexual del trabajo, se añade la sobrecarga de trabajo para las mujeres, ya que la suma del tiempo destinado tanto al trabajo del hogar no remunerado como al empleo fue aproximadamente 1.3 veces mayor en las mujeres que en los hombres, en el periodo de 2016 a 2022.

• La masa total de horas en el trabajo del hogar no remunerado fue en torno a 3 veces mayor en las mujeres que en los hombres para 2022, mientras que la masa total de horas de las mujeres en el empleo registró alrededor de 60% en comparación con la de los hombres.

Desde la adolescencia se observa la manifestación de la división sexual del trabajo, principalmente en contextos de pobreza donde de 2016 a 2022 se observó que: 

• Las principales actividades de las adolescentes fueron el estudio (aproximadamente 7 de cada 10) y los quehaceres domésticos (aproximadamente 2 de cada 10), mientras que en los adolescentes fueron el estudio (6 de cada 10 aproximadamente) y el empleo (3 de cada 10 aproximadamente).

Las mujeres en los contextos de pobreza enfrentan las privaciones inherentes a éstos y el agudizamiento de la división sexual del trabajo. De 2016 a 2022:

• El trabajo del hogar no remunerado se intensificó en contextos de pobreza para ellas (+5 horas) pero no para los hombres, y a su vez el empleo se redujo el doble (-8 horas) en las mujeres con respecto a los hombres. Por tanto, la división sexual del trabajo constituye un factor estructural que diferencia cómo las mujeres enfrentan y sobrepasan situaciones de pobreza con respecto de los hombres.

Dado que la división sexual del trabajo se agudiza en contextos de pobreza, es un factor que expone a las mujeres a enfrentar y permanecer en situación de pobreza.

• La acumulación de limitaciones a causa de los roles de género y de los contextos de pobreza han originado que, respecto de toda la población, las mujeres en situación de pobreza sean quienes dedican más tiempo al trabajo del hogar no remunerado (34 horas semanales) y también quienes participen menos en el empleo. Por tanto, son el único grupo poblacional que destinó en promedio más tiempo al trabajo del hogar no remunerado que al empleo (+4 horas), es decir, el resto de la población destinó más horas al empleo remunerado.

En la medida en que los derechos económicos y sociales no son garantizados a las personas como titulares de éstos, sino que dependen del grado de participación en los espacios privados (hogares) y públicos (mercado laboral, principalmente), es cómo la división sexual del trabajo ha originado que las mujeres presenten mayores restricciones en el acceso a los derechos a la alimentación, educación, salud, vivienda, entre otros derechos sociales; limitaciones que se agudizan particularmente en las mujeres en contextos de pobreza.

Por tanto, son las mujeres en contextos de pobreza quienes enfrentan mayores vulneraciones en el ejercicio de sus derechos y en su bienestar social y económico, debido a las privaciones inherentes de estos contextos y, a su vez, porque en estos se intensifica la división sexual del trabajo. Algunos datos al respecto son:

En el mercado laboral:

• La brecha en la participación económica se situó alrededor de 26 puntos porcentuales (pp.) entre hombres y mujeres fuera de pobreza para 2016-2022, ampliándose a 37 pp. en la población en situación de pobreza. La brecha en el empleo entre géneros aumenta conforme se presentan mayores responsabilidades de crianza asumidas principalmente por las mujeres. Así, ser padre aumentó la inserción laboral a casi un cien por ciento, y se mantuvo en estos niveles independientemente de la edad de sus hijas(os) y la situación de pobreza. En cambio, ser madres se asoció a mayores niveles de empleabilidad hasta que las hijas(os) son mayores de 5 años, y en los contextos de pobreza se redujeron los niveles de inserción laboral en las mujeres. 
Como resultado, entre la población con hijas(os), las madres de menores de 5 años fueron quienes participaron menos en el mercado laboral (50 % aproximadamente) y, a su vez fueron las madres en pobreza con hijas(os) de hasta 5 años de edad quienes presentaron la menor tasa de ocupación del total de la población con hijas(os) (2 de cada 5). 
• La brecha salarial de género se agrava en contextos de pobreza en los que las mujeres percibieron aproximadamente 25 pesos menos por hora respecto a los hombres. Fuera de pobreza, la brecha se ubicó en aproximadamente 10 pesos menos por hora (2016 a 2022). 
La brecha salarial de género es mayor en los niveles educativos más bajos; entre las personas ocupadas con educación básica, las mujeres en situación de pobreza percibieron 75 pesos por cada 100 de los hombres en 2022, en situación de no pobreza la razón fue de 81 por cada 100. 
• El empleo subordinado sin pago fue hasta el doble de frecuente en las mujeres (8%) respecto de los hombres (4%), en promedio de 2016 a 2022. Esto se presenta principalmente en las mujeres de 65 años o más y en situación de pobreza. De esta forma, de 2016 a 2022, más de un tercio de las adultas mayores en pobreza trabajaron de manera subordinada y sin retribución económica.
  
• Seguridad social por trabajo. 76 de cada 100 ocupadas en pobreza no han tenido seguridad social en sus distintos trabajos; mientras que en los hombres esta razón bajó a 64 de cada 100. Fuera de pobreza, en las mujeres se ubicó en aproximadamente 36 de cada 100 y, en los hombres fue de 27 de 100.
  
• Duración de la jornada laboral. En entornos de pobreza, aproximadamente la mitad de las mujeres ocupadas trabajaron en jornadas reducidas —de 34 h o menos —, cifra que se redujo a un tercio cuando no están en situación de pobreza. En cambio, en el caso de los hombres, la proporción fue de aproximadamente 2 de cada 10 en condiciones de pobreza y 1 de cada diez fuera de esta.
  

Respecto a otros derechos sociales y el bienestar económico:

• Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Los hogares con jefatura de mujeres en pobreza fueron los que presentaron de manera más frecuente la inseguridad moderada (18.4%) y severa (14.2%) respecto de toda la población, en comparación con los de jefatura de hombres que se ubicaron 1.9 pp. y 2.8 pp. por arriba, en 2022. 
• Rezago educativo. El rezago educativo es mayor en contextos de pobreza y hasta las edades de 49 años, hombres y mujeres presentaron niveles similares. Por tanto, la brecha educativa entre mujeres y hombres en términos de prevalencia se observa en situación de pobreza a partir de los 50 años, y en ausencia de pobreza a partir de los 65 años en adelante. 
En 2022, las adultas mayores en situación de pobreza presentaron los niveles de rezago más altos (78.9%), cifra 5.7 pp. mayor que en la población de hombres mayores.
• Acceso a servicios de salud. Para 2022 en contextos de pobreza, tanto mujeres como hombres accedieron a los servicios de salud principalmente por la vía indirecta, pero la prevalencia fue más alta en ellas con 90.6% frente al 74.5% que reportan ellos. Por otra parte, el 61.5% de las mujeres fuera de contextos de pobreza accedieron a servicios de salud por medios indirectos; mientras que en los hombres fue el 36.2%. 
  
El acceso indirecto contempla principalmente la transferencia del derecho a los servicios médicos por razón de parentesco y la afiliación al INSABI (antes Seguro Popular). El hecho de que no se evidencie una brecha de género en el acceso al INSABI (20% en mujeres y hombres en pobreza y 8% fuera de pobreza) sugiere que la disparidad en el acceso indirecto se debe principalmente al hecho de que las mujeres acceden a través de redes familiares, en gran parte debido a su menor participación en el mercado laboral.
• Vivienda. La brecha de género en la propiedad de la vivienda no presentó cambios durante el periodo de análisis, el porcentaje de las mujeres con vivienda propia en contextos de pobreza fue de 12% en promedio y fuera de ésta de 18%; niveles que fueron 10 pp. inferiores al de los hombres. 
  
• En términos de origen de ingresos, aproximadamente el 97% de los ingresos de los hombres, en situación de no pobreza, provino de fuentes directas o relativamente estables, mientras que en los que se encuentran en situación de pobreza reportaron el 93%. Por otro lado, para las mujeres esta proporción disminuyó significativamente, llegando a alrededor de 90% fuera de la pobreza y a 70% dentro de ésta.

En las características de los hogares también se observaron las desventajas asociadas a la división sexual del trabajo. De 2016 a 2022:

•  Un tercio de los hogares en México, tanto en situación de pobreza como fuera de esta declararon tener jefatrua de mujeres.
• En situación de pobreza, del total de hogares que ellas conformaron, alrededor de un tercio fueron monoparentales y otro tercio fueron con familiares, hijas(os) y sin cónyuge. 
  
Si las jefas no se encuentran en situación de pobreza, del total de hogares que encabezaron un tercio fueron monoparentales (es decir, hogares donde hay una mujer y un menor) y alrededor de un quinto fueron con familiares, sin cónyuge y con hijas(os).  Por su parte, los hogares con jefes —indistintamente de su situación de pobreza— fueron principalmente de tipo conyugal con hijas(os) (aproximadamente 55% en situación de pobreza y 50% fuera de ésta), y en segundo lugar, en situación de pobreza se conformaron de cónyuge, hijas(os) y familia (1 de cada 5 aproximadamente) y, si no se encontraron en situación de pobreza fueron de tipo conyugal sin hijas(os) (1 de cada 6 aproximadamente).
• Dependencia demográfica en los hogares. Los hogares con jefaturas de mujeres son los que se encuentran en mayor riesgo de enfrentarse a presiones económicas para solventar sus necesidades, ya que cuentan con mayor población dependiente. De 2016 a 2022, las razones de dependencia demográfica más altas se presentaron en los hogares jefaturados por mujeres (59 dependientes por cada 100 independientes), y de éstos los que fueron de tipo monoparental y extensos (alrededor de 70 dependientes por cada 100). A su vez, las mayores dependencias demográficas se presentaron en los hogares con jefas en situación de pobreza (83 por cada 100). 
De esta forma, la mayor dependencia se presentó en los hogares jefaturados por mujeres en situación de pobreza y que son de tipo monoparental, donde el número de dependientes en el hogar fue igual o mayor al de independientes. En el resto de los hogares la relación fue inversa, es decir, se tiende a que las personas en edades de emplearse sean más que las económicamente no activas.

Recomendaciones de política pública

• Para avanzar hacia una distribución más justa de los trabajos, desde el gobierno es necesario que se generen los marcos normativos que accionen la redistribución o corresponsabilidad del trabajo no remunerado del hogar entre mujeres, hombres, el sector privado y el Estado; así como la creación de empleos con perspectiva de género y sin vulneraciones laborales. 
• Es indispensable reconocer y crear mecanismos para que el ejercicio de los derechos económicos y sociales se ejerzan desde la visión de que todas las personas son titulares de éstos independientemente del grado de participación en los espacios privados (hogares) y públicos (mercado laboral, principalmente). Para lo anterior, es necesario avanzar en el marco normativo nacional que garantice los cuidados adecuados a las personas que así lo necesiten, con la finalidad de que el tiempo dedicado a este tipo de trabajo por parte de las mujeres no limite su participación en las esferas económicas y social.

En cuanto a las transferencias del gobierno, se señala lo siguiente:

• Salvo para la población adulta mayor, donde la cobertura se ha ampliado significativamente, los niveles de transferencias monetarias declaradas en 2022 fueron menores respecto a periodos anteriores para el resto de la población. Las mujeres que enfrentan contextos de pobreza fueron las más afectadas por esta reducción que con respecto a 2018 fue de 12.8. pp. 
• En 2022, la población adulta mayor fue el grupo de edad que en mayor medida se ha beneficiado de las transferencias monetarias. Poco más de 75% de mujeres y hombres en y sin pobreza fueron beneficiarias(os). El incremento más considerable en la cobertura entre 2018 y 2022 fue de 44.8 pp. para los hombres sin pobreza, seguido de las mujeres sin pobreza con 33.5 pp., en contraste con los hombres en situación de pobreza donde el aumento de transferencias monetarias fue de 21.3 pp.  y en las mujeres en la misma situación fue de 10.6 pp. adicionales.  
• Esta evidencia es especialmente relevante considerando que gran parte de este grupo de población no cuenta con pensiones debido a su historial laboral sin seguridad social, o en el caso de que las tengan, los montos son insuficientes.  
  
• Las caídas de los porcentajes de transferencias monetarias han sido mayores en la población en situación de pobreza y en las mujeres, mientras que los aumentos de cobertura han sido mayores en la población en situación de no pobreza y en los hombres. Lo anterior, subraya la necesidad de una asignación de presupuesto con perspectiva de género y el aumento de la cobertura en la población más vulnerable en cumplimiento con los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios federales.
  
• El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024 tiene un enfoque interseccional para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por tanto, las cifras del SIPyG desagregadas para la población en situación de pobreza constituyen un insumo para incorporarse como parámetros en el diseño de acciones puntuales dentro de los objetivos prioritarios del PROIGUALDAD.
  

Los 33 indicadores que conforman al SIPyG 2016-2022 así como el análisis puntual de las cifras están disponibles en los archivos de descarga dispuestos a continuación:

• Resultados de cifras del Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género en México, 2016-2022 (PDF)

• Sistema de indicadores sobre Pobreza y Género en México. Información 2016-2022 (Excel)

• Comunicado de prensa

¹ El Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género también cuenta con la serie 2008-2018, disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx .