CONEVAL DA A CONOCER RECOMENDACIONES PARA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL EN MÉXICO
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La protección social hoy es más amplia que la de hace veinte años; esto se debe a la mayor cobertura de programas sociales. Sin embargo, está fragmentada y tiene problemas de concepción. Es necesario continuar analizando la implementación de un esquema de protección social universal.
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Un esquema de protección social universal puede contribuir al ejercicio efectivo de los derechos sociales, a que esté integrado conceptual e institucionalmente, que tenga cobertura para toda la población y que disponga de instrumentos para enfrentar los riesgos de corto y largo plazos.
En 2016, 26 por ciento de las personas mayores de 65 años no tenían algún tipo de pensión o programa de apoyo económico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en ese mismo año, un adulto mayor con pensión contributiva recibía 5,564 pesos en promedio al mes; mientras que un adulto mayor beneficiario de programas de apoyo no contributivos recibía 536 pesos en promedio, lo cual refleja la fragmentación y diferenciación en la cobertura y beneficios del sistema de protección social.
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La participación económica de las mujeres ha aumentado en el transcurso de las últimas décadas, pero se ha estancado en los estratos más pobres.
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Se prevé la existencia de pisos mínimos que garanticen a toda persona el acceso a un conjunto básico de programas y acciones sin importar sus características laborales, demográficas o de residencia.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación Estratégica de Protección Social 2018, a la cual le da seguimiento desde 2012. En este documento se destaca que la protección social se mantiene fragmentada y desigual en el nivel de acceso y calidad de los beneficios que brindan los programas que la conforman, por lo que es necesario continuar analizando la implementación de un esquema de protección social universal que ayude a reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para toda la población.
La evaluación describe las características de la protección social en el país y su relación con los derechos sociales, su cobertura y su alcance. Además, incluye un diagnóstico de los principales riesgos existentes en el transcurso de la vida, asociados a la protección social.
La carencia por acceso a la seguridad social sigue siendo la más alta entre las que considera la medición multidimensional de la pobreza. De acuerdo con datos de 2016, el 55.8 por ciento de la población (68.4 millones de personas) carecían de acceso a la seguridad social.
La protección social debe proteger la seguridad económica de las personas y de sus hogares ante el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la muerte y la vejez, dado que la presencia de eventos coyunturales puede aumentar la pobreza, así como profundizar los niveles de pobreza de quienes ya están en esa situación, e imponer mayores obstáculos a los hogares pobres para salir de la pobreza.
Hallazgos
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Las políticas de desarrollo social no están asociadas a derechos.
- No beneficia a toda la población.
- El nivel de acceso y calidad de los programas es desigual en términos horizontales (se entregan beneficios diferentes a individuos con riesgos similares) y verticales (una proporción del gasto social se ejerce a través de instrumentos regresivos en términos absolutos en detrimento de instrumentos progresivos o neutrales).
- Son débiles tanto la coordinación como la complementariedad entre entidades y dependencias para entregar los beneficios a la población vulnerable y en condición de pobreza.
- No existen instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable residente en áreas urbanas y que, además, puedan activarse frente a crisis inesperadas.
Recomendaciones
- Es necesario avanzar hacia un esquema de protección social que contribuya al ejercicio efectivo de los derechos sociales, que esté integrado conceptual e institucionalmente, tenga cobertura para toda la población y disponga de instrumentos para enfrentar tanto los riesgos de largo como de corto plazo.
- El esquema debe considerar instrumentos contributivos y no contributivos. En cada dimensión (salud, trabajo, pensión e ingresos) se prevé la existencia de pisos mínimos constituidos por los instrumentos no contributivos. Estos pisos mínimos buscan garantizar a toda persona el acceso a un conjunto básico de programas y acciones sin importar sus características laborales, demográficas o de residencia, entre otras; es decir, que los derechos sociales plasmados en la Constitución y en la Ley General de Desarrollo Social puedan garantizarse y hacerse en verdad efectivos a través de los instrumentos de protección social a lo largo del ciclo de vida. Se considera, asimismo, la existencia de un conjunto de instrumentos contributivos que permitirían incrementar el nivel de protección de manera más comprehensiva y articulada que la hoy existente.
- Analizar la integración de un sistema nacional de servicios de salud con las siguientes características:
- El objetivo central debe ser la atención a la salud para todas y todos los mexicanos de forma equitativa.
- Enfatizar la atención primaria en salud.
- Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud.
- Estar financiado con impuestos generales y utilizar la infraestructura pública y privada conforme al cumplimiento de requerimientos legales.
- Ser portable en términos geográficos e institucionales.
- Reforzar los esquemas de salud preventiva, que deberían ser prioritarios no sólo para reducir la morbilidad, sino para evitar costos curativos futuros.
- Analizar la implementación de un seguro de desempleo contributivo que no afecte las pensiones de retiro y considere al menos dos modelos: sistema de reparto y sistema de cuentas individuales.
- Fortalecer las políticas activas de empleo (capacitación, bolsa de trabajo, apoyos para traslados), considerando los siguientes elementos:
- Servicio personalizado de atención: se sugiere analizar la factibilidad de incrementar el presupuesto de los programas existentes (Programa de Empleo Temporal, Programa de Apoyo al Empleo y Capacitación para Incrementar la Productividad).
- Ampliación de los programas de acuerdo con las diferencias en la desocupación y subocupación en los ámbitos rural y urbano.
- Analizar diferentes opciones para garantizar un piso mínimo de ingreso a la población que disminuya o prevenga su vulnerabilidad, considerando los siguientes criterios y elementos generales:
- Priorización de la población con mayor insuficiencia de ingresos.
- Desarrollos de nuevos mecanismos institucionales de coordinación y sistemas de identificación e información comunes para todos los programas dirigidos a la población de bajos ingresos.
- Análisis de instrumentos que faciliten la autoidentificación de beneficiarias y beneficiarios y sus necesidades a partir de derechos claros.
- Análisis, entre las opciones posibles, de los costos y beneficios de:
-Ampliación de los programas existentes. Atender a la población pobre que vive en comunidades dispersas y de difícil acceso y que actualmente no son atendidas por programas sociales, mediante la definición de una nueva estrategia en el marco de los programas ya existentes.
-Renta básica ciudadana. Transferencia monetaria a la población como estrategia de no exclusión de la población pobre.
-Piso mínimo solidario. Transferencia monetaria a la población como estrategia de no exclusión de la población pobre que, a diferencia de la renta básica ciudadana, puede ser no aceptada por individuos con mayores ingresos y transferida a grupos vulnerables.
-Programa de empleo temporal universal. Pago de un porcentaje del salario mínimo a cambio de actividades comunitarias o de infraestructura.
